Los cambios normativos más significativos son los que a continuación detallamos:

1. Esta nueva Ley sólo será de aplicación en las nuevas actividades y para actualizaciones de actividades ya existentes. Hace falta destacar que en esta ya no se contempla el trámite de adecuación de las actividades existentes.

2. En la nueva Ley se separan los conceptos medioambientales de los de seguridad de incendios, la PACA sólo hace referencia a la declaración de datos en conceptos medioambientales.

3. Se cambian los anexos, siendo estos menos restrictivos. Muchas actividades que con la IIAA se consideraban dentro del anexo II pasan a ser clasificadas dentro del anexo III. También algunas de las actividades que se consideraban incluidas en el anexo Y, pasan a ser clasificadas como el anexo II.

4. La nueva ley aclara como es debido tramitar la comunicación por las actividades del anexo III, evitando que de esta forma los ayuntamientos puedan obligar a estas actividades a realizar trámites necesarios para las licencias ambientales.

5. En la PACA aparecen una serie de beneficios para aquellas actividades que dispongan de un sistema de gestión ambiental EMAS. Estas quedan exentas de los controles periódicos en los plazos de presentación de las revisiones de las autorizaciones y licencias y de las bonificaciones en la tasa municipal de tramitación. Esta Ley entra en vigor a los ocho meses de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, es decir, el 11 de agosto del 2010.

Las empresas que ponen en peligro la salud de sus trabajadores reciben desde este trimestre una penalización adicional. Además de tener que pagar sanciones y exponerse a penas de prisión, tienen que afrontar el escarmiento público que supone la publicación en un registro público de las infracciones muy graves que han cometido y sobre las que hay una resolución en firme.

La Conselleria de Treball acaba de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) la primera lista negra de la siniestralidad laboral en la que aparecen cuatro compañías a las que se han impuesto multas de hasta 120.202 euros.

Los primeros cuatro expedientes sancionadores publicados corresponden a actas levantadas por inspectores de Treball ante las infracciones de carácter muy grave halladas en las visitas realizadas, que derivaron en sanciones impuestas por el director general de Relaciones Laborales, Salvador Álvarez.

Generalmente se trata del riesgo de caída en altura por falta de elementos de protección indispensables en la construcción como redes y vallas, según indicaron fuentes conocedoras de las investigaciones. En esos casos, los inspectores llegaron a tiempo puesto que no se produjo ningún herido aunque propusieron a Treball la imposición de duras sanciones por el alto riesgo existente.

El consejero de Empleo, Antonio Fernández, asegura que la siniestralidad ha disminuido un 22,7% en Andalucía y anuncia un desembolso público de 130 millones de euros hasta el año 2014.

La prevención de riesgos laborales, afortunadamente, ya no es algo que suene a chino entre los empresarios, los trabajadores y las administraciones. Se ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas y así lo demuestran los datos. No obstante, siempre se puede hacer más. Varios expertos en prevención de riesgos laborales demandaron ayer a las pequeñas y medianas empresas una mayor inversión en este tipo de prácticas ya que, por una parte, se evita la proliferación de accidentes o enfermedades en el puesto de trabajo y, desde un punto de vista económico, la pyme obtiene mayores niveles de rentabilidad y productividad.

El motivo de la reunión fue el desarrollo de la jornada técnica Una aproximación al momento actual de la higiene industrial, una cita celebrada en el hotel NH de Málaga capital y a la que acudieron un centenar de profesionales organizada por Grupo Joly, editor de este diario, y patrocinada por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

El consejero de Empleo, Antonio Fernández, fue el encargado de inaugurar la jornada y destacó la disminución de la siniestralidad laboral en un 22,7% en Andalucía, si bien lamentó la muerte de dos operarios en Granada después de que se les cayera el techo de una casa en la que trabajaban “por negligencia y ausencia de prevención”. Este tipo de hechos luctuosos deben servir para concienciar aún más tanto a empresarios como trabajadores y, según Fernández, “debemos avanzar en la eliminación de riesgos porque en las empresas todavía hay cosas que mejorar”. Sin embargo, Fernández también hizo hincapié en el cambio de mentalidad experimentado por la sociedad ya que “lo que era admisible hace unos años hoy se puede considerar inaceptable”. En este sentido, el consejero aseguró que “se están dando herramientas para optimizar los recursos” y anunció que la Junta de Andalucía va a invertir 130 millones de euros hasta 2014 dentro de la nueva Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de la cual se promoverán actuaciones específicas de vigilancia, detección y asesoramiento en la prevención de enfermedades profesionales. “Se definirán los objetivos y se concretarán en planes bienales para adaptarnos mejor a la coyuntura”, dijo el consejero y precisó que “la enfermedad profesional es la gran desconocida en Andalucía”.

La concienciación de las empresas es cada vez mayor, pero aún hay accidentes laborales que, en muchos casos, son incluso mortales. Los sindicatos, además de criticar a aquellas compañías que no ponen todos los medios necesarios para evitar siniestros, suelen culpar a la Justicia por su lentitud a la hora de aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Fernández afirmó ayer que “comparte” esa opinión, aunque destacó que “estamos consiguiendo sentencias condenatorias, no ya cuando ha ocurrido el hecho, sino en delito de riesgo”.

En cualquier caso, lo ideal es cumplir el viejo refrán de mejor prevenir que curar. Y para eso las empresas tienen que considerar que la prevención de riesgos laborales es una inversión y no un gasto. Para ello es necesario hacer mediciones del ambiente, evaluar posibles riesgos y, sobre todo, adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar la proliferación de enfermedades, principalmente si se está trabajando de forma habitual con productos tóxicos o nocivos, aunque también se incluyen otros parámetros como la contaminación acústica, las vibraciones mecánicas o, por ejemplo, la proliferación de un determinado hongo.

María Paz Barrio, representante de la Asociación de Sociedades de Prevención de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Asprem), afirmó que “el año pasado recibimos en nuestros laboratorios unas 30.000 muestras, un 40% menos que en los años anteriores, y eso no se ha producido porque se hayan eliminado los riesgos, sino porque antes muchas de las mediciones que se hacían eran gratuitas y ahora se cobran, por lo que las empresas son más reticentes”. Barrio explicó que las grandes empresas no suelen escatimar en gastos porque están más vigiladas pero las pymes “no hacen esa inversión en muchas ocasiones hasta que no les llega un requerimiento de la Inspección”. El trabajo, además, debe ser realizado con la mayor profesionalidad posible porque está en juego la vida de personas, aunque los expertos reconocieron que, en ocasiones, las empresas de prevención de riesgos recortan gastos de material fungible para poder ser competitivos. Carlos Mojón, representante de la Federación de Servicios de Prevención Ajenos (Aspa), indicó, no obstante, que esta área es un segmento de negocio potencial “porque condicionar acústicamente un lugar de trabajo o poner un sistema de ventilación debe tener una base científica”. Recordó que en España no hay una industria auxiliar y todos los productos que se compran, que suelen ser caros, se fabrican en el exterior.

Durante la jornada también hubo tiempo para debatir sobre la definición y modelos de higiene industrial –cuyo estudio arrancó como tal en 1914 en Estados Unidos– o de la extensa normativa legal existente. El objetivo final, en cualquier caso, es que los empleados trabajen de forma segura.

Seis de cada diez trabajadoras autónomas de Cataluña, un colectivo que forman unas 185.000 mujeres, ignoran los riesgos laborales a los que se encuentran expuestas en su lugar de trabajo, según un estudio de la Federación de Autónomos (ATA) y la patronal Pimec.

María Jesús Pérez, técnica en prevención de ATA, ha explicado hoy que las autónomas ven la Ley de prevención de riesgos laborales "como un trámite meramente burocrático" y como un gasto "del todo innecesario", más aún en tiempos de crisis.

En consecuencia, la mayoría de las autónomas, en concreto un 64% de ellas, "no sabe a qué riesgos está expuesta en su lugar de trabajo".

Y ello, pese a que las mujeres sufren con especial incidencia estrés y trastornos musculoesqueléticos, causados por malas posturas, movimientos repetitivos, una estancia prolongada de pie o el levantamiento y transporte de cargas.

De las 350 mujeres encuestadas en Cataluña, un 89% asegura haber sufrido últimamente contracturas musculares, un 74% problemas cervicales y un 66% lumbalgias, en tanto que la mayoría señala haberse sentido muchas veces nerviosa, desanimada, agotada, irritable o desconcentrada.

"Los síntomas que presentan estas mujeres son fruto del estrés al cual están sometidas, pudiendo ser desencadenantes de depresión, ansiedad, fatiga crónica, angustia y frustración", ha indicado Pérez.

El estudio apunta, por otro lado, que un 62% de las trabajadoras autónomas no tiene cubiertas las contingencias por incapacidad temporal de carácter profesional. En este caso, en su amplia mayoría alega desconocimiento y un gasto adicional al que se ha de hacer frente.