La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición de ley 3/2004 sobre morosidad en las operaciones comerciales. Esta, propone el pago de las facturas del sector público a 30 días y de las empresas a 60 días, eliminando la posibilidad de que las compañías pacten un plazo más amplio con sus proveedores. No obstante, la ley establece un periodo de adaptación considerablemente largo.

La Administración pública pagará a 30 días en 2013 y las empresas privadas lo harán a 60 días, excepto el sector de la alimentación y los productos perecederos que estarán obligados a pagar en 30 días en todos los casos.

La Ley de morosidad establece un periodo transitorio para que las administraciones públicas reduzcan su límite de pago, que se extiende hasta el 2013, con una escala de 50 días para este año, 50 para el 2011, 45 para el 2012 y 30 días desde el uno de enero de 2013.

El periodo transitorio para las empresas también se extiende hasta el 2013, de tal manera que desde la entrada en vigor de la ley y durante el 2011 el plazo será de 85 días, de 75 el 2012 y de 60 días el 2013. El Gobierno, además, deberá modificar la Ley de Contratos del Sector público.

Con esta medida se evitará que las pimes financien el déficit público de las Administraciones Públicas y permitirá inyectar dentro del tejido de las pimes unos 6.400 millones, según datos de la Plataforma de la Morosidad.

En el texto aprobado se han suprimido las cláusulas del pacto entre las partes, de forma que los límites fijados son iguales para todo el mundo, sea cual sea su sector o su volumen de facturación. Igualmente, se declaran nulas todas las cláusulas de los contratos que contradigan la norma o que puedan ser consideradas como abusivas. También está previsto crear un nuevo procedimiento judicial de reclamación en el caso de las administraciones públicas y un observatorio de morosidad que dependa del Ministerio de Industria.


Fuente: CECOT