El Departament de Treball habilitará a siete técnicos de la demarcación de Lleida, las funciones de prevención y sanción propias de los inspectores de trabajo. Ante la falta de profesionales en este ámbito, el Departament ha otorgado esta potestad, relacionada con las tareas de vigilancia y la imposición de multas económicas en caso de incumplimiento de la normativa. Además de los siete técnicos, en el conjunto de Catalunya se crearán 18 plazas más de este tipo.

La directora de los Serveis Territorials de Treball en Lleida, Pilar Nadal, admitió que hasta los empleados que ejercían de inspectores en las comarcas de Ponent venían de paso y "utilizaban Lleida como un trampolín para saltar a otras destinaciones". A pesar del déficit de inspectores, Nadal garantizó que los técnicos del Departament realizarán los informes de control. Asimismo, la directora de Treball en Lleida matizó que "en ningún momento se bajará la guardia ". En este sentido, recordó que cada día "firmo expedientes sancionadores". Las multas pueden situarse entre los 2.000 y los 10.000 euros.

Esta iniciativa del Departament de Treball para paliar de forma momentánea la falta de inspectores no ha recibido el apoyo de los sindicatos. Especialmente crítico ha sido CCOO. El responsable de salud laboral del sindicato en Lleida, Josep Maria Baiget, apuntó que la fórmula "no resuelve el problema del déficit de estos empleados en la zona".

El responsable sindical advirtió que la lucha iniciada por el Departament de Treball para acabar con la siniestralidad laboral está "excesivamente centrada en criterios económicos".

CCOO acusó a Treball de romper el pacto social y el apoyo social del Pla de Govern para la prevención de riesgos laborales en el periodo 2005-2008. En la campaña iniciada por el Departament se les presentan cinco razones a los empresarios para que apuesten por la prevención. El objetivo último es crear conciencia de que la prevención no significa un gasto para las firmas. Sin embargo, CCOO denuncia que en la lucha contra la prevención se incide en que es una "inversión, destacando los valores económicos". Además, también se recuerda, según el sindicato, que las medidas contribuyen a crear un buen clima laboral.

Uno de las ausencias de las que advierte CCOO en los mensajes de las campañas del Departament de Treball es que en ningún momento se hace referencia a un derecho fundamental como la salud del trabajador.

En la misma línea de luchar contra la siniestralidad laboral, el Gobierno aprobó un Real Decreto, por el que los empleados podrán conocer si la empresa en la que trabajan cumple o tiene intención de emprender algún plan de prevención.

La nueva ley obliga a las compañías a hacer público en un documento las sanciones y el importe de las mismas. Los datos provisionales del Ministerio de Trabajo indican que el año pasado se extendieron 25.000 actas de infracción en materia de prevención de riesgos laborales. En total, las multas ascendieron a 120 millones de euros.

Fuente: www.lamanyana.es